La diputada Alejandra Chedraui Peralta (PVEM) presentó una iniciativa para adicionar el artículo 335 Bis al Código Penal Federal, a fin de tipificar el abandono de personas adultas mayores y sancionarlo con tres a seis años de prisión y multa de 300 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las penas aplicarían a quien, con deber jurídico de cuidado, asistencia, protección o vigilancia por ley, resolución judicial, vínculo familiar, tutela, guarda, custodia u otra circunstancia, abandone a una persona mayor en desamparo que ponga en riesgo su vida, salud, integridad o dignidad.
El documento, turnado a la Comisión de Justicia, plantea aumentar las sanciones hasta en una mitad si la víctima tiene discapacidad, enfermedad crónica, dependencia o movilidad reducida; o si el abandono ocurre en hospitales, centros médicos, instituciones de asistencia, establecimientos de cuidado, vías públicas u otros sitios que comprometan gravemente su seguridad.
El incremento también aplicaría si el responsable es ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina o concubinario, tutor o cuidador de hecho, o busca evadir obligaciones alimentarias, asistenciales o de cuidado.
Si la víctima sufre lesiones que pongan en peligro su vida, afecten permanentemente su salud o agraven una condición preexistente, la pena será de seis a diez años de prisión y multa de 600 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización. Si sobreviene la muerte, será de diez a quince años y multa de mil a mil 500 veces.
En la exposición de motivos, Chedraui Peralta señala que el abandono trasciende la falta de cuidados materiales o económicos: es violencia estructural y relacional que incluye negligencia médica y alimentaria, despojo patrimonial y, en casos extremos, abandono en hospitales, asilos o la vía pública.
Subraya que Conapred documentó que al menos 16 por ciento de las personas adultas mayores vive abandono o maltrato: más de 2.7 millones padecen desamparo e indiferencia familiar y social.
La definición amplia de quienes están obligados al cuidado, incluidos familiares, cuidadores remunerados, personal institucional y profesionales de la salud, permitiría una protección más efectiva, especialmente en instituciones o cuidados no familiares.
Por ello, la diputada sostiene que no es un problema menor ni privado, sino una violación flagrante de derechos humanos que exige una respuesta firme del Estado.
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